El ministro de Economía, Nicolás Grau, defendió la reciente aprobación de la nueva ley de fraccionamiento pesquero, que redistribuye las cuotas de captura entre el sector industrial y artesanal, afirmando que la normativa anterior “no era justa” y debía modificarse.
La iniciativa, ya despachada desde el Congreso, establece un nuevo reparto para especies clave como anchoveta, merluza, reineta y sardina. Según el ministro, el cambio significa un traspaso estimado de US$160 millones en valor desde la industria hacia los pescadores artesanales, aunque recalcó que la reforma no pone en riesgo los empleos del sector industrial.
“Este fue un proceso participativo y transparente que se discutió en todo el país. Por primera vez, se analizaron las pesquerías una a una en el Parlamento”, señaló Grau en Radio Duna.
Pese al respaldo oficial, la medida ha generado molestia entre grandes empresas. Camanchaca anunció que recurrirá a tribunales para exigir compensaciones por las modificaciones en las cuotas. A inicios de mayo, PacificBlu también había anunciado su cierre por la disminución en la asignación de merluza, aunque revirtió la decisión tras ajustes legislativos.
El Ejecutivo insiste en que la nueva ley busca una distribución más equitativa y sostenible de los recursos marinos, en medio de tensiones crecientes entre actores del rubro pesquero.