Han sido semanas complejas para los pescadores industriales de la región. Es por ello que, tras las aprobaciones a la Ley de Fraccionamiento, Macarena Cepeda Godoy, presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío, expresó la posición del sector frente a la aprobación de la norma.
“Claramente no podemos celebrar ni valorar una legislación que afectará a nuestra zona por la vía de una menor actividad industrial pesquera y por un impuesto o arancel exclusivo para las empresas que operan jurel en Talcahuano y Coronel. Nadie más pagará la cuenta a lo largo de Chile”, dijo.
El gremio pesquero industrial del Biobío ha explicado que la Ley de Fraccionamiento permitió traspasos en 22 pesquerías a lo largo de Chile en favor del sector artesanal. Ese traspaso de unos US$160 millones no pagará impuestos, pues el sector artesanal no está afecto. Esa menor recaudación fiscal sólo será cubierta por algunas empresas que operan sobre el jurel en la Región del Biobío.
“Con esta ley impulsada por el Gobierno nuestro sector deberá iniciar un proceso de decrecimiento y ajuste que lamentablemente impactará la actividad económica de las comunas donde operamos, especialmente Coronel y Talcahuano. No existe actividad empresarial con mayor carga tributaria que la nuestra en todo Chile y ahora se le ha sumado un arancel más. Espero que nadie celebre este retroceso industrial para nuestra región”, señaló la dirigenta gremial.
Macarena Cepeda respaldó las acciones legales que las empresas emprenderán en contra del proyecto, pues “están en su derecho de hacerlo, ya que hemos sido testigos de una serie de vicios durante su tramitación, pero además en el último tramo del proceso se vulneró abiertamente la Constitución al agregar un gravamen o un mecanismo de recaudación fiscal a un proyecto que no fue diseñado para eso. Esperamos también que los anuncios de algunos parlamentarios de recurrir al Tribunal Constitucional prosperen”, afirmó.
La presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío dijo que además de no respetarse los derechos en uso vigentes hasta el 2032, actualmente existen contratos vigentes de largo plazo para las compras internacionales y que fueron firmados con anterioridad a la aprobación de la patente y que mantienen una vigencia a lo menos hasta 2027. “Por ello el nuevo arancel a la compra internacional afectará doblemente los compromisos contractuales de las compañías. Es un golpe muy duro a las certezas y la estabilidad jurídica del país”, concluyó.