La fiscal del Caso Convenios en la Región del Biobío, María José Aguayo, desestimó que la auditoría encargada por el Gobierno Regional pueda influir en la investigación penal que lleva adelante el Ministerio Público, descartando que sus conclusiones permitan disminuir responsabilidades de imputados o fundamentar nuevas formalizaciones.
El informe, entregado recientemente a la Fiscalía por el gobernador Sergio Giacaman, fue elaborado tras el escándalo de los millonarios traspasos a fundaciones durante la administración anterior. Sin embargo, Aguayo fue clara al señalar que «la labor del fiscal es investigar delitos, no responsabilidades administrativas», por lo que el documento carece de valor penal en esta etapa del proceso.
A pesar de ello, la auditoría ha sido citada por defensas de imputados en audiencias de revisión de medidas cautelares. Uno de los casos es el de Simón Acuña, exjefe de Desarrollo Social del Gore, cuya defensa insiste en que el informe permite delimitar claramente dónde estuvieron las fallas en el uso de los recursos públicos.
El abogado Javier Pereira, defensor de Acuña, expresó su desacuerdo con la posición del Ministerio Público, asegurando que el informe contiene antecedentes relevantes que podrían beneficiar a su representado, quien cumple arresto domiciliario total hace más de 19 meses. La defensa acudirá nuevamente a la Corte de Apelaciones de Concepción para solicitar la revisión de esa medida.