Tras semanas de intensos debates, la Comisión Mixta del Congreso Nacional zanjó este miércoles el proyecto de ley sobre el fraccionamiento de la merluza común, estableciendo un nuevo reparto entre el sector pesquero artesanal e industrial: 55% para la industria y 45% para la pesca artesanal.
La medida se aplicará cuando la cuota global anual de captura sea igual o inferior a 35.020 toneladas. En caso de que dicha cifra se supere, el excedente será asignado en su totalidad al sector artesanal, según detalló la instancia legislativa presidida por el senador Fidel Espinoza.
El nuevo esquema tendrá vigencia en el tramo marítimo comprendido entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos, zona clave para la actividad pesquera nacional.
Besugo: distribución diferenciada
Respecto del besugo, especie que acompaña a la merluza en las capturas, se acordó una distribución de 95% para el sector industrial y 5% para el artesanal, decisión justificada por la extracción en zonas de mayor profundidad, donde opera principalmente la flota industrial. Esta normativa aplicará solo si el Comité Científico recomienda levantar la veda.
Otro de los puntos aprobados por la Comisión es la creación de una patente especial de 1,3 UTM por tonelada para la pesca industrial que obtenga cuotas de jurel asignadas por terceros países. Según explicó la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, esta medida busca compensar una eventual disminución en la recaudación fiscal provocada por el nuevo fraccionamiento.
El ministro de Economía, Nicolás Grau, destacó que el proyecto también incluye medidas de fiscalización estricta, con certificación presencial obligatoria en todos los desembarques, tanto en el sector industrial como en el artesanal.
Reacciones divididas
Tras el despacho del proyecto, el senador Fidel Espinoza valoró que por primera vez se legisle de manera específica para cada pesquería. Sin embargo, su par David Sandoval (UDI) expresó reparos sobre las modificaciones introducidas al informe financiero y advirtió posibles cuestionamientos reglamentarios al momento de su votación en sala.
Desde el oficialismo, la diputada María Candelaria Acevedo (PC) criticó duramente el acuerdo final, señalando que “le hemos fallado al mundo artesanal, cediendo ante las presiones de la industria, que desató una campaña del terror para frenar cambios de fondo en el modelo pesquero”.
“Con este acuerdo de un 55% para la industria en desmedro del sector artesanal, estamos dando una pésima señal. Más aún, cuando existía un consenso previo para un reparto equitativo del 50% para cada sector, algo especialmente relevante para la dinámica que se vive en la Región del Biobío”, subrayó la parlamentaria.
El informe de la Comisión Mixta deberá ahora ser votado por la Cámara de Diputadas y Diputados y posteriormente por el Senado, en una etapa clave que definirá el futuro del fraccionamiento pesquero en el país, con impactos directos sobre las economías locales y el equilibrio entre los sectores artesanal e industrial.