Este martes 3 de junio, a las 11:45 horas, el Juzgado de Garantía de Chiguayante será escenario de una audiencia clave en el caso del atropello que costó la vida a un joven en noviembre de 2023. La Fiscalía Local de Concepción reformalizará a Sandra Vallejos Robles, enfermera imputada por su presunta responsabilidad en el hecho, mientras su defensa buscará su sobreseimiento definitivo.
El Ministerio Público ya había formalizado a la profesional por obstrucción a la investigación y por infringir la conocida «Ley Toretto», normativa que sanciona a conductores que excedan el límite de velocidad en más de 60 km/h y provoquen una muerte, con penas de hasta 10 años de cárcel.
Sin embargo, nuevos antecedentes presentados por la familia del joven fallecido, Martín González Stuardo —quien tendría hoy 20 años—, motivaron la reformalización. Según un peritaje privado encargado por los querellantes, la imputada habría conducido a más de 130 km/h en una zona con límite de 70 km/h, aunque estos últimos aseguran que al tratarse de una “zona de escuela” en horario escolar, el máximo permitido era de solo 30 km/h.
“El accidente ocurrió a las 16:00 horas de un día lunes hábil, en un sector con tránsito peatonal de escolares. Por tanto, corresponde considerar que la velocidad máxima era de 30 km/h”, señala la querella ampliada presentada por la abogada Ángela Contreras, representante de la madre de la víctima.
Defensa insiste en inocencia y busca cierre del caso
Desde el otro lado, la defensa de la imputada, liderada por el abogado José Ignacio Mora, presentó un escrito para solicitar el sobreseimiento definitivo de su clienta. Asegura que cuentan con pruebas contundentes que desestiman la existencia de un delito.
«Tenemos evidencia de que nunca hubo exceso de velocidad. Así lo indica el informe de la SIAT de Carabineros y también un peritaje independiente realizado por un exjefe de esa misma unidad. Ambos coinciden en que no se superó el límite de velocidad», afirmó Mora.
La audiencia de este martes será determinante para el rumbo de la causa, que ha generado atención en la comunidad de Chiguayante por las implicancias del caso y las distintas versiones sobre lo ocurrido. La Fiscalía, por su parte, buscará precisar formalmente los cargos, mientras la defensa intentará cerrar definitivamente el proceso penal en favor de la imputada.