Tras la balacera registrada la tarde de este jueves en el Colegio Nuevos Horizontes, el delegado presidencial regional del Biobío, Eduardo Pacheco, anunció la suspensión de clases en el establecimiento para este viernes 30 de mayo y el lunes 2 de junio. La medida busca contener a la comunidad educativa y evaluar las condiciones de seguridad tras el grave incidente.
“Creemos que estas son señales necesarias para transmitir tranquilidad a la comunidad y dar respuesta al legítimo temor que generan este tipo de hechos”, señaló Pacheco, quien calificó lo ocurrido como un hecho “grave e inaceptable”.
El ataque ocurrió alrededor de las 15:00 horas, cuando dos sujetos encapuchados ingresaron al recinto escolar, subieron hasta una sala del segundo piso y dispararon contra tres alumnos. Según indicó el alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Spoerer, el ataque estaría vinculado a un conflicto interpersonal entre estudiantes, “motivado por temas de pareja”, descartando relación con el narcotráfico.
Reacción del Gobierno y refuerzo en seguridad
El delegado presidencial condenó enérgicamente lo sucedido. “Los vecinos tienen temor, y eso es completamente comprensible. No es normal que se ingrese a una escuela con armas y se dispare contra estudiantes”, expresó.
Pacheco detalló que, tras conocerse el incidente, se activó un despliegue interinstitucional con presencia del Ministerio de Educación tanto en el colegio como en el Hospital Regional de Concepción, donde fueron trasladados los escolares heridos, quienes se encuentran fuera de riesgo vital.
Asimismo, confirmó la llegada a la zona del ministro (s) de Seguridad Pública, Rafael Collado, y del titular de Educación, Nicolás Cataldo, para coordinar acciones en terreno y participar en una reunión de seguridad junto al SLEP Andalién Costa.
Un colegio con trayectoria afectado por la violencia
El Colegio Nuevos Horizontes es uno de los establecimientos con mayor matrícula de San Pedro de la Paz, y ha sido valorado por su alto nivel educativo. Por lo mismo, el delegado enfatizó que “el Estado debe proteger este tipo de instituciones. Es inaceptable que hechos delictuales de esta magnitud pongan en riesgo la integridad de los estudiantes”.
La investigación del caso quedó en manos de la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros y el Ministerio Público, mientras las autoridades trabajan en reforzar las medidas de seguridad y apoyo psicosocial para la comunidad escolar.