Una auditoría externa encargada por la administración del exgobernador Rodrigo Díaz reveló graves irregularidades en la adjudicación de fondos por parte del Gobierno Regional del Biobío.
Entre los hallazgos más llamativos, se identificó el pago de $18 millones por parte del Instituto Profesional Virginio Gómez a un influencer, por su participación en tres actividades de cierre de un programa sobre gobernanza de mercados municipales realizados en Cañete, Los Ángeles y Talcahuano.
Además, el informe detectó que al menos cinco fundaciones —incluyendo Horizonte Ciudadano e Impulsa Biobío— recibieron recursos públicos sin contar con inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Otras fundaciones sí estaban inscritas en el SII, pero sus giros comerciales no guardaban relación con los objetivos de los convenios adjudicados, como Fundación Bonhomía, Mi Hogar Asuncionista y Fundación Honra.
El documento ya fue remitido a Fiscalía para que evalúe posibles responsabilidades penales, ya que varias de estas entidades aún no han sido citadas a declarar en el marco de las investigaciones por el caso Convenios.