Tras el fatal accidente en Chiguayante que dejó tres víctimas, el Gobierno Regional del Biobío firmó un convenio con gremios del transporte público para implementar controles preventivos de alcohol y drogas a conductores de taxibuses. La medida busca reforzar la seguridad vial y establecer protocolos de control antes de cada recorrido.
El gobernador regional Sergio Giacaman explicó que el acuerdo contempla el uso de recursos regionales, ajustes contractuales y el retiro inmediato de circulación de choferes que incumplan. “Más allá de la ley, necesitamos controles aleatorios y previos que aseguren una conducción responsable”, sostuvo.
El convenio fue bien recibido por empresarios del rubro. Alejandro Riquelme, de la Asociación Provincial de Taxibuses de Concepción, valoró la iniciativa y advirtió la necesidad de modificar contratos laborales para facilitar estos controles. También alertó sobre la falta de filtros para identificar antecedentes penales o consumo entre los conductores.
Por su parte, Francisco Castillo, presidente de la Asociación Gremial de Empresas de Transporte del Biobío, apuntó a problemas estructurales: licencias falsas, falta de regulación y diseño vial inadecuado. “Esto es una olla a presión que en algún momento va a reventar”, advirtió.
Sin embargo, desde la Coordinadora de Conductores del Transporte Público de Chile, su vocero regional, José Coronado, expresó aprensiones. Acusó a las empresas de incumplir la legislación laboral y responsabilizó a los empleadores y autoridades por las falencias actuales. “Mientras no se regularicen los contratos, nada va a cambiar”, afirmó.
El convenio incluye una segunda etapa de diálogo con los conductores, además de capacitaciones en conducción responsable, ley de tránsito y trato a usuarios. El Gore proyecta establecer protocolos claros y confiables para aplicar los test y descartar falsos positivos.