Representantes de las más de 3 mil familias que viven en tomas de terreno en la comuna de Curanilahue, Región del Biobío, se reunieron este jueves con autoridades del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) para intentar frenar un inminente proceso de desalojo ordenado por la justicia.
La cita se realizó en dependencias del Serviu en Concepción y fue encabezada por la directora regional del organismo, María Luz Gajardo, quien recibió a los dirigentes de la Unión Recuperativa de Curanilahue. La vocera del movimiento, Laura Garrido, advirtió que muchas de las familias afectadas no tienen alternativas habitacionales y que han intentado abrir un canal de diálogo con los propietarios de los terrenos, principalmente Forestal Arauco, para buscar opciones de compra.
Al respecto, el delegado presidencial provincial de Arauco, Humberto Toro, explicó que actualmente la Corte Suprema está revisando la interpretación de una resolución judicial que determina el alcance de los terrenos a desalojar, por lo que algunas de las órdenes aún no están firmes.
Por su parte, la directora del Serviu aclaró que el organismo actúa como ente técnico y no tiene atribuciones directas para intervenir en decisiones judiciales ni en negociaciones entre privados. No obstante, se comprometió a recopilar antecedentes y mantener contacto con las familias.
Desde Forestal Arauco se ha informado que algunos de sus predios ocupados han sido loteados ilegalmente para su venta posterior, detectándose incluso la instalación de segundas viviendas pertenecientes a personas de otras comunas.
Además, se ha denunciado la operación de aserraderos ilegales dentro de algunos de estos asentamientos, lo que podría estar vinculado al robo de madera, delito que ha afectado de forma persistente a la zona en los últimos años.
La situación se mantiene en un punto crítico, a la espera del pronunciamiento definitivo del máximo tribunal del país.