El ataque afectó a cuatro funcionarios de Finanzas y al propio alcalde Héctor Muñoz. La boleta fue ingresada por una empresa externa y ya había sido aceptada cuando fue detectada.
La Municipalidad de Concepción presentó una querella criminal tras detectar el uso indebido de las Claves Únicas de cinco funcionarios, incluido el alcalde Héctor Muñoz, lo que derivó en la validación de una factura por $39 millones por un servicio no solicitado ni ejecutado.
La acción judicial fue interpuesta en el Juzgado de Garantía de Concepción por los delitos de abuso de dispositivos, acceso ilícito, falsificación y uso malicioso de instrumento público o privado, en contra de todos quienes resulten responsables.
Los funcionarios afectados corresponden al director de Finanzas, la asesora de gabinete, un trabajador del Departamento de Adquisiciones y la jefa de la misma unidad. La alerta se activó el pasado 14 de abril, cuando el director de Finanzas, Sergio Marín, recibió un correo indicando la recuperación de su Clave Única. Al intentar acceder a la plataforma de la Contraloría, comprobó que su contraseña había sido modificada. De inmediato, bloqueó el acceso y presentó la denuncia ante la Policía de Investigaciones (PDI).
Una situación similar enfrentó el propio jefe comunal, Héctor Muñoz, quien también perdió el acceso a sitios institucionales del Estado debido a una modificación en su Clave Única.
Durante la revisión posterior a los hechos, se detectó una boleta por $39 millones emitida por la empresa EYE SPA, supuestamente por trabajos de cambio de techumbre en un establecimiento educacional que no depende del municipio. Aunque se intentó rechazar el documento tributario, este ya había sido validado en el sistema.
El director jurídico del municipio, Rodrigo Díaz, informó que la investigación interna reveló la creación de una cuenta falsa a nombre de otro funcionario municipal, la cual había sido utilizada para aprobar la boleta el mismo día de su ingreso.
Ante la gravedad del hecho, la Municipalidad notificó al Servicio de Impuestos Internos (SII) y solicitó el cambio inmediato de los administradores en la plataforma electrónica utilizada para la gestión financiera.
La Brigada Investigadora del Cibercrimen y la Brigada de Delitos Económicos de la PDI están a cargo de las diligencias para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y determinar si existen otros casos similares no detectados.