Un fuerte rechazo ha generado entre académicos la entrada en vigencia de la Ley 21.724 de Reajuste del Sector Público, que establece el retiro obligatorio para funcionarios mayores de 75 años a partir de 2027. La norma no se aplica a legisladores ni ministros, lo que ha desatado críticas por trato desigual.
El académico José Rodríguez Elizondo (88), profesor de Derecho en la Universidad de Chile, calificó la medida como un acto de “exterminio edadista”. En una carta a El Mercurio, señaló: “Así como hay jóvenes tontos y flojos, también existen viejitos inteligentes y activos”.
Rodríguez, quien tiene a su cargo a siete ayudantes, manifestó en entrevista con Radio Bío Bío que esta norma afecta directamente el rol de los docentes mayores que aún están activos en investigación y formación.
El astrónomo José Maza, de 77 años, también criticó la política, apuntando a una “cultura de obsolescencia” en Chile: “Si uno disfruta lo que hace, no hay razón para retirarse. Nos están estimulando a irnos al cementerio”.
La ley, impulsada por el Gobierno junto a la CUT y la ANEF, busca fortalecer el incentivo al retiro, entregando hasta seis años de indemnización. Sin embargo, ya se contabilizan más de 2.200 funcionarios públicos afectados, incluyendo 360 académicos de universidades estatales.
Eduardo Toro, de Conecta Mayor UC, cuestionó la medida en un contexto de envejecimiento poblacional acelerado: “Es paradójico legislar contra una población que va en aumento”.