Una abogada y una jueza están siendo investigadas por filtrar información reservada a una banda de narcotraficantes en Los Ángeles. La Fiscalía de Ñuble incluso ordenó allanar el despacho de la jueza Cherie Palomera, en una diligencia sin precedentes.
Todo comenzó con una investigación por narcotráfico contra la banda “Los Corbata”, liderada por Luis Corvalán. En 2020, el fiscal Juan Acevedo solicitó interceptar los teléfonos de varios miembros del grupo. La abogada Susana Cortés Karmy —esposa del defensor jefe local— y su socia Andrea Romero defendían a los imputados.
En abril de 2021, tras una fallida operación antidrogas donde no se incautó nada, Carabineros detectó un llamado clave. Luis Corvalán recibió una advertencia desde el número de Cortés: “Bota todas las hueás porque están pinchados (…) borra todo lo que te he mandado”.
La policía descubrió que Romero había tomado fotos de los teléfonos interceptados desde la carpeta investigativa y se las envió a Cortés, quien luego alertó al narco. La Fiscalía considera esto una participación directa en el tráfico de drogas y solicitó intervenir el teléfono de Cortés. Ahí hallaron evidencia adicional, incluyendo conversaciones con el sicario venezolano Moisés Bastardo para coordinar una falsa cooperación con la Fiscalía y así evitar sanciones por tenencia de armas.
En febrero de 2024, la defensa de Cortés pidió su sobreseimiento, argumentando que la información compartida estaba protegida por el secreto profesional. La jueza May-Lin Wong rechazó la solicitud, pero la Corte de Apelaciones ordenó repetir la audiencia.
El 17 de marzo, la jueza Cherie Palomera accedió al sobreseimiento en solo nueve minutos. Dijo que las conversaciones no constituían delito. Sin embargo, la fiscal Nayalet Mansilla apeló y la Corte revocó el fallo. El tribunal señaló que la jueza incorporó argumentos que no se discutieron en la audiencia, lo que levantó sospechas.
Esto motivó el allanamiento de la oficina de Palomera y del funcionario Nelson Sáez, autorizado por la jueza Alicia Bravo. Se investiga si hubo manipulación para favorecer a Cortés.
También está imputado el fiscal Rodrigo Durán, esposo de Romero, por delitos de cohecho y violación de secreto. Además, fue trasladada la exfiscal jefe de Los Ángeles, María Gemita Rojas, mientras avanzan sumarios administrativos en la Fiscalía del Bío Bío y una investigación interna ordenada por la Corte Suprema.
Pese a la gravedad de los hechos, ninguna de las aristas ha sido formalizada hasta ahora.