Aún no comienzan las clases en la escuela del Centro de Internación de Coronel, lo que afecta a cerca de 35 jóvenes infractores de ley. Las diputadas Marlene Pérez y Francesca Muñoz exigieron investigar posibles negligencias del Gobierno en este retraso.
El conflicto comenzó cuando la Fundación Tierra de Esperanza, ex sostenedora del establecimiento, aclaró que informó en marzo de 2024 su decisión de dejar de prestar el servicio educacional. Sin embargo, el Gobierno no ha gestionado aún un nuevo sostenedor para reanudar las clases.
La fundación respondió así a las declaraciones del Ministerio de Justicia y del Servicio de Reinserción Social Juvenil, que intentaron responsabilizarla por la demora. El seremi de Justicia, Carlos Uslar, y el director regional del Servicio de Reinserción, Cristian Sepúlveda, señalaron que el término del contrato se conoció en diciembre. Pero Tierra de Esperanza afirma que la notificación oficial ocurrió en marzo y fue registrada en una reunión oficial el 5 de abril con Sename.
Las diputadas acusaron falta de gestión y compromiso por parte del Gobierno. Francesca Muñoz criticó el retraso como una muestra de indiferencia ante una situación delicada, mientras que Marlene Pérez apuntó a la responsabilidad tanto del Ministerio de Justicia como del de Educación.
La Defensoría Penal Pública ya presentó un recurso de amparo ante los tribunales para proteger los derechos de los jóvenes afectados.