El gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, presentó este lunes una denuncia en la Fiscalía Regional por presuntas presiones indebidas en la gestión de programas con fundaciones durante la administración anterior, encabezada por Rodrigo Díaz.
Giacaman acudió junto a Lily Oñate, funcionaria del Gobierno Regional (Gore) y contraparte técnica de uno de los programas cuestionados. La denuncia apunta a irregularidades en la ejecución de un convenio firmado con la Fundación Antonia por $351 millones, destinado a apoyar a sobrevivientes de violencia de género en la región.
Según Oñate, fue presionada por sus superiores —especialmente por Simón Acuña, entonces jefe de la división Social— para acelerar el programa, pese a sus reparos técnicos. También mencionó conflictos con Camila Hermosilla, quien asumió como coordinadora de la Unidad de Género en noviembre de 2022, cargo que antes ocupaba la propia Oñate.
Hermosilla, desvinculada este año del Gore, es sobrina de Consuelo Hermosilla, directora de la Fundación Antonia, lo que habría generado un conflicto de interés al recaer responsabilidades del programa en su unidad. A este convenio se suma otro por $211 millones para un estudio regional sobre violencia de género.
Esta es una de las primeras acciones legales del nuevo Gobierno Regional en el marco del Caso Convenios, investigado desde 2023 y que ya ha dejado una veintena de formalizados. El Ministerio Público reformalizará a nuevos imputados la próxima semana en la arista vinculada a la Fundación En Ti.