La Fiscalía amplió en seis meses la investigación del caso Puerto Coronel, apuntando ahora a una exconcejala y un dirigente sindical por supuestos pagos irregulares de la empresa portuaria.
Durante la audiencia, se detallaron diligencias pendientes, entre ellas pericias a celulares, documentos contables y bancarios. También está pendiente la declaración de la exconcejala Paola Burgos, quien habría recibido $3 millones en 2022, y la de familiares del dirigente sindical Guillermo Jaque, involucrados en presuntos pagos de coimas.
El juez Manuel Salgado aceptó la extensión del plazo hasta el 1 de octubre, a pesar de la oposición de las defensas, que cuestionaron la demora en las diligencias y la falta de precisión en la investigación.
Hasta ahora, el caso involucra al alcalde de Coronel, un exconcejal y exejecutivos de Puerto Coronel, quienes cumplen medidas cautelares menores, como arresto domiciliario nocturno.